El presidente Chávez ordenó desmantelar
las mafias carcelarias, pero se niega a aceptar el origen de tal desastre:
jueces corrompidos que sustituyeron el derecho por la política, claro, siempre
que sea la que él profesa a cambio de seguridad e inamovilidad en cargo, unido
al desprecio por el saber y la ética.
El artículo 267 de la Constitución
establece que todo juez que cometa un delito debe ser juzgado por por otros
jueces, de allí la creación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial y el
sometimiento al Código de Ética del Juez, para que los tribunales
disciplinarios decidan las faltas que pudieran haber cometido.
María de Lourdes Afiuni,
estando en ejercicio de sus funciones de Juez de Control, debidamente facultada
por el COPP para dictar medidas privativas de libertad, sustituirlas y
modificarlas, aplicó a un caso concreto la norma que establece que si una persona pasa
más de dos años detenida y no ha culminado su juicio, se le debe dar su
inmediata libertad. El ciudadano llevaba más de tres años detenido sin proceso.
Si el Código de Ética establece la
independencia de todo Juez en ejercicio y sus decisiones recaídas en
materias de interpretación legal y de derecho, sólo pueden ser revisadas por
los órganos competentes, por vía de los recursos establecidos en el COPP, ¿por
qué, entonces, la juez María de Lourdes Afiuni está siendo
procesada? ¿No es acaso la razón de ser de los tribunales
disciplinarios examinar la idoneidad y excelencia de un Juez sin que
constituya una intervención indebida en la actividad?
Entonces, ¿qué pasa con la Juez Afiuni? ¿El juez penal que
la juzga, por ordenar la libertad de un detenido por más de tres años sin
proceso, de acuerdo a la Ley, ignora que es incompetente? ¿No sabe, o cumple
instrucciones, para seguir adelante con un proceso a todas luces nulo, ya que
el caso no fue conocido por los tribunales disciplinarios, sus jueces
naturales? El hecho que su sentencia causara la indignación del Presidente, no
es causal para ensañarse en ella. Es un acto de servil prevaricación.
¿Tenemos que esperar un cambio de
gobierno, para que los jueces pierdan el miedo, aprendan derecho, lo apliquen y
se liberen del yugo que los hace esclavos del poder político? Solo de ellos
depende que se ganen el respeto, la consideración y aprecio de la ciudadanía.
El caso de la juez Afiuni es
otra prueba que Venezuela no hay un Estado Constitucional, ni
siquiera Social de Derecho y de Justicia.
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