PROPUESTA DE DESCENTRALIZACIÓN JUDICIAL

La descentralización judicial, en el marco de un Estado federal, es un sistema de tribunales autónomos con las competencias generales desarrolladas mediante procesos definidos en la legislación estadal.

En las actuales circunstancias estas propuestas pueden ser consideradas como un primer paso para ejecutar un proceso dirigido a establecer, a futuro y mediante una revisión constitucional, un real Sistema de Justicia Federal en Venezuela.

Además de un circuito basado en el principio de doble jurisdicción, deben existir cortes estadales especializadas en el control extraordinario de la sentencia. Pero en la Venezuela actual tal esquema no es viable; sin embargo, es factible establecer un sistema de administración de justicia descentralizada en ciertas áreas, basada en la legislación nacional.

En el espíritu de la Constitución de 1999, y en aplicación de la Ley Orgánica del Sistema de Administración de Justicia, se puede ejecutar un proceso de selección de los encargados de impartir la justicia en los Estados mediante el Comité Judicial Estadal conformado por un Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, seleccionado por la plenaria del alto Tribunal, quien lo presidirá; el Juez de segundo grado de jurisdicción de mayor antigüedad del Circuito Judicial; el presidente del Colegio de Abogados del Circuito Judicial; y dos representantes de la sociedad civil de la entidad postulados por las Organizaciones No Gubernamentales [ONG], seleccionados en un proceso público por una mayoría de las dos terceras partes de los diputados del Consejo Legislativo del Estado.

Este cuerpo también desarrollará funciones de supervisión y vigilancia de la eficiencia del funcionamiento de los tribunales estadales como cuerpo de apoyo en la función de gobierno judicial que ejerce el Tribunal Supremo de Justicia.

El fortalecimiento gremial debe ser la base de la promoción de un proceso de descentralización del sistema de justicia. Las escuelas de la judicatura y las instituciones académicas de formación profesional deben ser supervisadas por el Colegio de Abogados de cada entidad bajo el apoyo técnico del Tribunal Supremo de Justicia y las Facultades de Derecho de reconocido prestigio a nivel nacional y local. En el mismo sentido, el personal auxiliar de los tribunales [Alguacil, secretario y escribientes] debe aprobar un programa de formación especialmente diseñado tomando en consideración las características de las zonas en las que prestaran sus servicios. Igualmente, tienen la responsabilidad de la promoción del Código Deontológico del abogado y la verificación de los procesos disciplinarios supervisados por el Comité Judicial Estadal.

Un elemento fundamental de un esquema de descentralización de la administración de Justicia que pretenda mejorar la eficiencia del servicio debe prever:

a)      Órganos estatales de auditoría interna supervisados por el Comité Judicial Estadal pero dependientes de la Oficina Nacional de Auditoría Interna del Poder Judicial.

b)      Oficinas estatales de Orientación Ciudadana y Asesoría Jurídica Gratuita, supervisadas por el Consejo Judicial Estadal, que sirvan de apoyo a individuos y comunidades en la canalización de sus problemas, quejas y peticiones ante los órganos e instituciones competentes para dar resolución a los mismos.

c)      Constitución de la Comisión Estadal de Contratación que será conformada por el Tribunal Supremo de Justicia, con la asesoría del Comité Judicial Estadal, para orientar los procesos de la Ley de Contrataciones Públicas y el Reglamento para la selección de las personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) que deben prestar servicios y proveer de suministros de bienes y servicios a la organización judicial de cada entidad.

Cecilia Sosa G