UNA BURLA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

Cuando la revolución no destruye el autoritarismo, no es socialista. Sustituir la dictadura de uno por la dictadura de unos pocos produce anarquía, nadie sabe quién manda y menos quién resuelve cuando se tiene un problema social y nadie oye.

 La minoría audaz que nos gobierna está decidida a todo con tal de permanecer en sus cargos. Deformar la respuesta al sufragio universal y servirse de hechos violentos para sus intereses, evidencia que la institucionalidad no ha progresado y es fácil que bajo de las pretensiones de modernidad, surja el caudillo.

Tenemos muchos caudillos destemplados. Un ejemplo: la ocurrencia de la ministro para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, cuando inventa una operación “cayapa judicial”, nombre vulgar para describir la agilización de la justicia penal, ofreciendo que los jueces se ocuparán de las causas de los privados de libertad y todo será “resuelto” en cuestión de horas. Para el logro de tal objetivo ordenó a las personas privadas de libertad que:

 “El que quiera ser atendido debe revocar el nombramiento de su abogado privado para garantizarles justicia a través de los defensores públicos (…) no le hacemos el trabajo a los abogados privados porque eso sería corrupción”.

 Es decir  que si no revoco el mandato del abogado que lleva “mi caso”, no seré atendido. Pero, ¿por quién? ¿Nadie estudiará mi situación judicial? ¿Cómo se llama eso?

Obligar a los detenidos y penados a revocar los poderes de sus abogados, más allá de inconstitucional, es falta de conocimiento del problema.  Si las cifras conservadoras señalan que la población carcelaria es de 41.868 personas (para 2011) y la Defensoría Pública tiene un total de 874 defensores, ¿quién se va a ocupar de atender las causas de miles de personas sin libertad?

No puedo dejar de recordar, aunque parezca inútil, el artículo 44 de la Constitución el cual establece que el derecho de toda persona a que su libertad personal sea inviolable, y una de sus consecuencias es que la persona detenida tiene el derecho de comunicarse de inmediato con su abogado, sea este público o privado, esa escogencia le corresponde a la persona, nunca a un Ministro.

Imponer a una persona cuál es el abogado que tendrá para su defensa es despreciar la libertad individual. La persona sometida a juicio tiene el derecho de escoger entre un abogado privado y un defensor público. No resolver el problema de la institucionalidad democrática es ya una crisis.