Por primera vez en Venezuela, desde 1999, tenemos una
Sala del Tribunal Supremo de Justicia (1999) integrado por siete (7) jueces
cuyo objeto es construir un Estado Constitucional. Para lograrlo necesita
conocimiento, autoridad jurídica y aceptación, así como la confianza de la
población.
Sin embargo, el tribunal ha preferido atender al
discurso político basado en la ideología, siempre justificando la guerra contra
el villano, quién en todos los casos es aquél que no comparte el proceso revolucionario
identificado en Hugo Chávez. Abolió la división de poderes, la aplicación
imparcial de las leyes, y la protección y garantía de los derechos humanos.
La labor política la ha concentrado en dar contenido
al “Socialismo” utilizando las normas constitucionales, esencialmente
suprimiéndole el sentido individual de las garantías de los derechos humanos,
(“Toda persona tiene derecho…”) de cada persona a quien se le violen sus
derechos, sin que obtengan protección del Poder Judicial, y ha contado para
ello con la ayuda del Ministerio Público que dice y hace igualmente lo que le
ordenan desde Miraflores.
Lo cierto es que todas las causas que conoce la Sala
Constitucional que no tienen la marca política muestran igualmente una tremenda
injusticia. Algunos números lo revelan.
Por ejemplo, los ingresos de solicitudes de
amparo (protección de derechos humanos) en el año 2010 fueron de 948
expedientes de personas pidiendo protección de sus derechos. De esas 948
decisiones sólo 24 fueron declaradas con lugar. Le gusta más a la Sala
Constitucional revisar sentencias de otras Salas del Tribunal, como manera de
subyugar a esos magistrados a su poder supremo-tiránico. De que sirve haber
publicado 26.000 sentencias en 13 años, si la protección de la garantía de los
derechos constitucionales no ocupó prioridad alguna.
Cuando Henrique Capriles esté al frente del Poder
Ejecutivo Nacional qué comportamiento asumirán los Magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia?
¿Solicitarán una audiencia con el nuevo Comandante en
Jefe? ¿Se jubilarán? ¿Saltarán la talanquera? Desde el 10 de enero de 2013 los
electores exigiremos de todos los jueces de la República pluralismo,
independencia y alarde de conocimiento jurídico al sentenciar.
El presidente Capriles dispone de un instrumento legal
idóneo para apoyar el proceso de adecentamiento del Poder Judicial, basta con
aplicar la Ley del Sistema de Justicia.
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